Juan Antonio López era un hombre de comunidad y de fe. Como miembro del Comité de Bienes Públicos de Tocoa, en Honduras, y delegado de La Palabra, su vida estaba dedicada a defender lo la casa común y el regalo de Dios para todos: los bosques, los ríos y la salud y futuro de las comunidades. Su lucha era por un futuro donde sus vecinos pudieran seguir bebiendo agua limpia de sus pozos y arroyos, y donde su modo de vida agrario no fuera sacrificado por los intereses de una empresa minera.
Antes de su asesinato, Juan usó su voz para denunciar el peligro que se cernía sobre él y su comunidad. Su propio testimonio, grabado antes de morir, resuena con una calma escalofriante: “Recibí de parte de un funcionario del gobierno municipal la advertencia de que si no negociábamos con la empresa, nos pasaría lo que le pasó a Berta Cáceres. Lo tomé como una amenaza”.
La amenaza no era una hipérbole. En Honduras, el nombre de Berta Cáceres, la líder indígena lenca asesinada en 2016 por oponerse a un proyecto hidroeléctrico, es un recordatorio sombrío del precio de la defensa ambiental. Juan sabía que su nombre podía ser el siguiente en la lista.
Su lucha, y la de su comunidad, era pacífica. Se reunían en la iglesia, formaron una organización y vieron cómo más y más personas se unían, movidas por el impacto directo de la mina o por un simple acto de solidaridad ante una injusticia evidente. Pero se enfrentaban a un poder desproporcionado. Un poder que no solo operaba a través de maquinarias y contaminación, sino también a través de la desinformación. Se usaron periódicos y noticieros para manchar su reputación, para llamarlos criminales y que hacían todo lo posible para que su movimiento no creciera. Pero aun así, la organización de los bienes comunes de Toca continuaba creciendo. Apoyados por sacerdotes y obispos, los campesinos y vecinos se unieron para defender la casa comun de toda la humanidad y la salud y estilo de vida agrario de su comunidad.
El conflicto era claro y simple, como se describe en el pódcast: de un lado, personas pidiendo no destruir una reserva ecológica ni contaminar el agua que beben; del otro, los que ganan dinero con la destrucción.
El 14 de septiembre del 2024, la amenaza se cumplió.
Al salir de un templo católico en Tocoa, sicarios le dispararon a Juan López, poniendo fin a su vida y a su lucha en la tierra. Estaba, como reportó una noticia, “en la recta final en su lucha para cerrar una mina a cielo abierto en su país”. Su muerte no fue una casualidad; fue un acto deliberado para silenciar una voz que se había vuelto demasiado inconvenientemente fuerte.
La noticia de su asesinato llegó hasta el Vaticano. El Papa Francisco lamentó públicamente la muerte del líder ambientalista hondureño, un gesto que dio visibilidad global a una tragedia local. El Cardenal Michael Czerny lo recuerda como un mártir, un hombre que “murió asesinado en Honduras por defender el río Guapinol y el Parque Nacional Botaderos Carlos Escalares Mejías”.
La historia de Juan López es, lamentablemente, una de más de 2,000 historias similares en América Latina y el Caribe desde 2012. Es la historia de un hombre que, como tantos otros, defendía los derechos humanos que protegen a todos, el medio ambiente que toda la humanidad necesita y el derecho de su comunidad a existir. Por eso fue difamado, criminalizado y finalmente asesinado.
Le quitaron su vida, pero no lograron silenciar su voz, porque su historia y su lucha sobreviven como testimonios poderosos. En la rueda de prensa en el Vaticano de la campaña “La Vida Pende de un Hilo” el Cardenal Michael Czerny hace un llamado urgente a no ser indiferentes, a proteger a quienes hoy arriesgan su vida por la nuestra, y a asegurarnos de que la defensa de la casa común no sea una sentencia de muerte.