El calor de Tocoa, Honduras, es de esos que se pegan al cuerpo, denso y húmedo. Pero el frío que sintió Juan López no venía del clima. Era un frío que le subía desde los pies hasta la nuca, el frío del miedo con nombre propio: Berta Cáceres. Un funcionario del gobierno municipal, con la burocrática parsimonia de quien sabe que tiene el poder, se lo había advertido.
No fue un grito, sino un susurro envenenado, una sugerencia de amigable componedor: si no negociaban con la empresa, si no dejaban de defender el río, le pasaría lo que a Berta. En Honduras, eso no es una metáfora. Es un epitafio.
Juan lo tomó como lo que era: una amenaza de muerte. Desde ese día, su vida, como la de tantos otros defensores en América Latina, comenzó a pender de un hilo visible para todos, pero que la justicia parecía no querer ver.
La historia de su final anunciado había comenzado mucho antes. Empezó el día en que su comunidad, un caserío agrario acostumbrado a beber agua de sus pozos, vio cómo una empresa minera se instalaba en sus colinas. Vieron cómo el río Guapinol, antes claro, se volvía turbio; cómo los peces morían; cómo aparecían enfermedades raras, de esas que traen los metales pesados y que se llevan a la gente en silencio.
Su respuesta fue la del campesino, la del hombre de fe. Juan era un delegado de La Palabra. Su fuerza no venía de las armas, sino de las reuniones en la iglesia, de las asambleas donde se convencían unos a otros de que la dignidad no se negocia. Su movimiento era pacífico, casi terco en su pacifismo. Pero para el poder que representan las corporaciones transnacionales y sus aliados en la política local, no hay nada más violento que un pueblo organizado que ha perdido el miedo a decir "no".
Primero intentaron romperlos con mentiras. Los periódicos de la capital, tan lejanos, empezaron a llamarlos criminales. Después, con el acoso judicial. Pero la comunidad resistía. Así que pasaron a la fase final.
La noche del 14 de septiembre, Juan salió de un templo católico al que asistía regularmente. Fue entonces cuando sus verdugos, sicarios cuyo contrato seguramente se firmó en un despacho con aire acondicionado, cumplieron la profecía del funcionario. Le dispararon y huyeron, dejando su cuerpo como un mensaje para el resto de la comunidad.
El asesinato de Juan López no fue un crimen pasional. No fue un robo que salió mal. Fue un acto político. Fue la culminación de un proceso de persecución que buscaba eliminar un obstáculo para la extracción de riqueza. Su muerte fue, en el sentido más estricto, una externalidad del negocio minero.
Lo que sus asesinos quizás no calcularon es que la voz de un mártir resuena más fuerte que la de un hombre vivo. Su nombre fue pronunciado por el Papa en Roma, su historia se convirtió en el emblema de una campaña continental. El hilo del que pendía su vida se rompió, sí, pero se convirtió en un hilo de memoria que hoy une a miles de personas en un solo clamor: justicia para Juan, justicia para Guapinol. Un clamor que, como el río que él defendió, busca abrirse paso a través de la impunidad.